El Consejo de Ministros ha aprobado Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales que establece unos mínimos comunes para todo el estado en materia de servicios sociales para unificar así las ayudas sociales mínimas en todo el país, reduce las barreras para acceder a la protección social y hace posible la movilidad territorial para poder mantener las ayudas al mudarse a otra comunidad autónoma, entre otras medidas.

Al ser competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, los servicios sociales, se han desarrollado a diferente ritmo y las inversiones y características son diferentes cada territorio, lo que ha provocado desigualdades importantes que limitan el ejercicio en igualdad de los derechos que recoge el tercer capítulo de la Constitución . Por ello, el principal objetivo de la ley que se está tramitando es fomentar la igualdad de los ciudadanos, con independencia de donde vivan.

Un mínimo común de servicios sociales en todas las comunidad autónomas

La norma establecerá una base de protección para los servicios sociales, que se articulará a través de una hoja de ruta para que las comunidades autónomas acuerden, en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, un mínimo común en todo el territorio. Además, el Consejo Territorial (formado por representantes del Ministerio de Asuntos Sociales y de las comunidades autónomas) también acordará los estándares mínimos de calidad de las prestaciones y servicios, incluyendo las ratios de profesionales, para así fomentar la igualdad en el territorio, respetando al mismo tiempo las competencias exclusivas autonómicas.

Se mantienen las ayudas al mudarse a otra comunidad autónoma

Una de las novedades que se establece la ley es la posibilidad de movilidad territorial (que ya existe con la sanidad pública) para evitar así la exclusión que existe para acceder a algunas prestaciones de los servicios sociales cuando una persona se muda de una comunidad autónoma a otra. Es decir se mantienen las ayudas al mudarse a otra comunidad autónoma.

El segundo de los grandes objetivos de la ley es reforzar el sistema y la orientación de este hacia una atención más personalizada, integral e inclusiva, para reducir í las barreras de acceso a la protección social. En este sentido, para poder modernizar los servicios y reducir las cargas burocráticas que dificultan el acceso de los usuarios y causan malestar entre estos y los administrativos que gestionan las ayudas, la futura ley establece un plazo para crear una regulación específica para las ayudas económicas de emergencia social, (para pagar la luz, la comida, etc.) y así poder una respuesta ágil a las situaciones de mayor necesidad y a las familias en riesgo de exclusión social. En ese sentido, los portavoces del Ministerio han comunicado que se se eliminará el requisito de que haya un tiempo mínimo de empadronamiento o residencia para acceder a un servicio o prestación básica.

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