La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado el proyecto de ley que reforma la legislación civil y procesal para suprimir la incapacitación por discapacidad intelectual.

El objetivo de la reforma es sustituir la incapacidad judicial de las personas con discapacidad por un sistema de apoyos individualizados como la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad o la ruptura de barreras arquitectónicas o la representación o sustitución en la toma de decisiones cuando el apoyo no pueda darse de otro modo permitan que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones de forma libre e informada.

Con ello se busca adaptar así el ordenamiento jurídico español a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 12 reconoce la igualdad jurídica de este sector de la población y prohíbe su discriminación.

Medidas para promover la autonomía de las personas con discapacidad intelectual

Además de suprimir la incapacitación por discapacidad intelectual se eliminan las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, ya que no se corresponden con el sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad que propone la ley y se establecer que, en su lugar, el sistema debe proporcionar a las personas con discapacidad intelectual  las ayudas que necesiten para poder realizar actos jurídicos como casarse, comprar un inmueble o hacer testamento.

En este sentido, los representantes de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena Inclusión han declarado que: “Esta reforma acabará con una injusticia histórica para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo para las que  la ley prevé figuras de sustitución en la toma de decisiones contrarias a la Constitución española y a la Convención de Naciones Unidas”.

La iniciativa legislativa responde a una demanda de Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y plantea también la figura del defensor judicial, prevista para determinadas situaciones, como aquellas en que exista conflicto de intereses entre la figura de apoyo y la persona con discapacidad.

Para seguir el trámite parlamentario la reforma, pasa ahora al Senado que puede aprobar mejoras mediante nuevas enmiendas.

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