La nueva Ley de Empleo, de 28 de febrero de 2023 ha vuelto  a equiparar la incapacidad permanente a la discapacidad, tal y como estaban pidiendo desde hace tiempo los trabajadores con una incapacidad permanente reconocida.

Este derecho ya estaba reconocido anteriormente en la «Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social» y se perdió en 2018, a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo.

En concreto, la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (2013) decía en su artículo 35 que «tendrán la consideración de personas con discapacidad las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad».

Sin embargo, en noviembre de 2018 el Tribunal Supremo eliminó la equiparación total por considerar que se extralimitaba, lo que ha impedido que el reconocimiento de la incapacidad diera derecho a obtener el grado de discapacidad y por lo tanto, a poder tener los beneficios y ayudas que hay para las personas con discapacidad en el ámbito social, económico (deducciones en renta) y laboral (ya que existen incentivos para contratar a personas con discapacidad.)

Todas las personas que reciben una pensión por incapacidad permanente tendrán el título de discapacidad

La equiparación de la incapacidad permanente a la discapacidad supone que a todas las personas que reciben una pensión por incapacidad permanente, ya sea parcial, total, absoluta o de gran invalidez, se les va a reconocer una discapacidad de al menos el 33% para que puedan acceder a los beneficios y ayudas para personas con discapacidad. Puedes ampliar información en el artículo Ayudas para personas con discapacidad.

Además, la nueva norma reconoce a las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) dentro del colectivo de personas con discapacidad que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo que precisan una atención prioritaria para la política de empleo.

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